La relación comercial entre un comprador y su proveedor termina en el momento de la entrega: el producto cambia de manos, se emite la factura y lo que ocurriera después con ese bien, incluido su destino final como residuo, dejaba de ser asunto del vendedor.

Los contratos con cláusulas de circularidad rompen esa lógica lineal al incorporar, dentro del propio acuerdo jurídico, obligaciones concretas sobre lo que sucede con los materiales, los equipos y los envases durante y después de su vida útil.

No se trata de una declaración de intenciones ambientales ni de un anexo de buenas prácticas, sino de compromisos exigibles que vinculan a las partes y que permiten medir, verificar y reclamar su cumplimiento.

Pero es tiempo de conocer que una cláusula de circularidad es una disposición contractual que obliga a una o a ambas partes a mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible y a reducir la generación de residuos asociada al bien o servicio contratado.

Su contenido puede adoptar formas muy diversas según el sector y el tipo de producto: algunas establecen la recompra o recogida obligatoria del bien al final de su vida útil por parte del fabricante, lo que se conoce como cláusula de retorno o de logística inversa. Otras fijan porcentajes mínimos de material reciclado o recuperado en los productos suministrados, exigen diseños que faciliten la reparación y el desmontaje, o imponen la entrega de insumos en envases retornables en lugar de embalajes de un solo uso.

También existen modalidades donde el proveedor conserva la propiedad del equipo y vende su funcionamiento como servicio, de modo que le conviene fabricarlo duradero, mantenerlo y recuperarlo, ya que el desgaste prematuro afecta directamente a su propio negocio.

Más allá de la obligación principal, los contratos con enfoque circular suelen incorporar mecanismos que dan solidez al compromiso.

Es habitual encontrar la exigencia de trazabilidad, mediante la cual el proveedor debe documentar el origen de los materiales y su composición, en ocasiones a través de los llamados pasaportes de materiales que describen qué contiene un producto y cómo puede recuperarse.

Se añaden también indicadores de desempeño, como el porcentaje de residuos desviados de vertedero, la cantidad de envases recuperados o la proporción de equipos reparados frente a los reemplazados, y se vinculan a incentivos económicos o penalizaciones según se cumplan o no las metas pactadas.

Finalmente, muchos acuerdos prevén derechos de verificación que permiten a la empresa compradora revisar los registros del proveedor, y reglas claras sobre quién asume los costos de recogida, tratamiento y reincorporación de los materiales al ciclo productivo.

Hoteles, restaurantes, resorts y operadores de destinos turísticos son grandes compradores recurrentes de bienes con ciclos de vida cortos o medios: textiles, amenidades, mobiliario, equipos de cocina y climatización, sistemas de iluminación y una enorme variedad de envases y consumibles.

Esta recurrencia y este volumen otorgan un poder de negociación que, bien aprovechado, permite trasladar a la cadena de suministro exigencias que un comprador pequeño no lograría imponer. Cuando una cadena hotelera incluye en sus licitaciones la obligación de recoger los colchones usados para reciclar sus componentes, o exige a su proveedor de lencería la reposición mediante tejidos recuperados, está utilizando el contrato como palanca para transformar un mercado completo y no solo su propia operación.

Estas cláusulas ganan sentido pleno cuando se integran en un sistema más amplio de control.

Una auditoría de calidad turística moderna ya no se limita a revisar la limpieza de las habitaciones o el trato al huésped; cada vez más examina si los compromisos ambientales asumidos con proveedores y clientes se cumplen en la práctica, si los indicadores pactados se registran con rigor y si existen evidencias que respalden lo que el establecimiento declara públicamente.

Un contrato con cláusulas de circularidad funciona como una fuente de evidencia objetiva, el cual define qué se prometió, cómo se mide y quién responde.

Para una organización que decide implementar un plan de circularidad, disponer de acuerdos contractuales alineados con ese plan evita que la estrategia dependa exclusivamente de la buena voluntad de terceros y le otorga un respaldo jurídico real frente a incumplimientos.

Pese a su potencial, estos contratos presentan dificultades que no deben subestimarse. Exigir trazabilidad y recuperación implica costos para el proveedor que, inevitablemente, pueden reflejarse en los precios, y no todos los mercados cuentan con infraestructura de reciclaje o de remanufactura suficiente para cumplir lo prometido.

Existe además el riesgo de redactar obligaciones tan ambiciosas o ambiguas que resulten incumplibles, o tan genéricas que no puedan verificarse, lo que las convierte en simple retórica contractual. Por ello, los acuerdos más eficaces son aquellos que parten de metas realistas, definen con precisión las métricas y los plazos, distribuyen de manera equilibrada los costos y se revisan periódicamente para ajustarse a la evolución tecnológica y regulatoria.

Los contratos con cláusulas de circularidad representan un cambio de fondo en la manera de entender el comercio en donde el vendedor deja de ser un simple suministrador para convertirse en corresponsable del ciclo completo del producto, y el comprador deja de ser un mero consumidor para actuar como gestor de recursos.

A medida que la presión regulatoria sobre residuos y responsabilidad ampliada del productor se intensifica y que los viajeros valoran cada vez más las prácticas ambientales verificables, este tipo de acuerdos pasará de ser una práctica de vanguardia a convertirse en un estándar contractual esperado dentro de las cadenas de suministro del turismo y de muchos otros sectores.